domingo, 12 de julio de 2015

Las/os trabajadoras/es del SAE despedidos denuncian discriminación


FUENTE: HUELVA 24


Queremos hacer público a través de estas líneas la situación que estamos viviendo un grupo numeroso de personas que hemos trabajado para el Servicio Andaluz de Empleo. El 6 de octubre de 2008, fuimos contratados 413 personas para trabajar en el SAE, en calidad de personal laboral de la Junta de Andalucía bajo el paraguas del VI Convenio. Nos seleccionaron en base a una normativa nacional conocida en Andalucía como Plan MEMTA.
  

Colectivo de trabajadores afectados



Fuimos incorporados en un gran número de oficinas de empleo del territorio andaluz. Tras varias renovaciones solicitamos a los juzgados nuestro reconocimiento como “personal indefinido no fijo” y así se fue haciendo a través de las distintas instancias, llegando a concluir el Tribunal Supremo que éramos personal que hacíamos tareas estructurales de las oficinas de empleo.

Por otra parte, fuimos despedidos masivamente el 31 de diciembre de 2012. Esto produjo un completo desalojo de trabajadores de las oficinas de empleo, quedando las mismas tan faltas de personal que en el mes de abril de 2013 tuvieron que sacar una oferta en la que seleccionaron personas para que hiciesen el trabajo que quedaba sin cubrir tras nuestro despido. Todo el tiempo y recursos que se gastaron en formarnos como profesionales, se tiraron por la borda.

Desde el momento de nuestros despidos, estos dos años y medio se han convertido en una auténtica pesadilla judicial y un interminable calvario personal, que sólo han conducido a una cascada de sentencias judiciales en las que se han dado las casuísticas más diversas, encontrándonos con sentencias de nulidad y otras de improcedencia, dependiendo del lugar de la comunidad autónoma en la que vivimos. Cada Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dado una sentencia diferente. Cuando finalmente se ha pronunciado el Tribunal Supremo, la situación se ha vuelto más caótica y ha generado aún más desconcierto, porque ha dejado a unos compañeros que sólo van a recibir una indemnización y a otros con un puesto de trabajo fijo, habiendo vivido todos por igual la situación laboral y la pérdida del puesto de trabajo.

Realmente, se ha provocado una situación kafkiana. Todos los tribunales, cada uno en su ámbito, han actuado correctamente según las normas existentes. Y ello ha producido situaciones tan dispares y desiguales. De manera que trabajadores contratados por diversas comunidades autónomas para el mismo programa nacional, han conseguido sentencias judiciales distintas. Y el caso de Andalucía, es aún mucho más sangrante porque al haber tres sedes del Tribunal Superior de Justicia, (Sevilla, Granada y Málaga), han recibido sentencias totalmente diferentes tanto en plazos como en resultados. Nuestros legisladores deberían plantearse si las normas que rigen nuestro acceso a la justicia son las adecuadas, ya que un cumplimiento estricto de las mismas, ha llevado a diferentes ciudadanos a que se produzca una desigualdad ante la ley entre ellos según la Comunidad Autónoma en la que vives, dentro de la misma Comunidad Autónoma, según la provincia y más grave aún, dentro de la misma provincia, según el juzgado que ha correspondido. No queremos poner en duda la independencia judicial, pero en el siglo XXI, esta no puede estar reñida con la consecución de un pronunciamiento común a circunstancias idénticas; independientemente, del lugar de residencia y de la capacidad de acceso a la justicia.

Ante este escenario injusto al que nos lleva la aplicación actual de las leyes tal y como están actualmente redactadas, otros “Poderes Públicos” y nos referimos en este caso concreto a los poderes políticos de la Junta de Andalucía, podrían minimizarla sin faltar a sus competencias ni cometer ninguna irregularidad, ya que hay fórmulas de negociación que podrían dar resultados óptimos. Por un lado, se soluciona la cobertura de los puestos de trabajo que hacen falta para que las oficinas de empleo funcionen a pleno rendimiento, y de paso, hay un aprovechamiento óptimo de unos recursos humanos formados y con experiencia.

De hecho, negociaciones como esta se han producido ya y además en un pasado muy reciente con los monitores escolares. Estos, obtuvieron improcedencia de manera unánime en los juzgados, que dicho sea de paso no produjo desigualdad en el colectivo, y el Gobierno de la Junta de Andalucía tuvo a bien por “necesidades del servicio” optar por la reincorporación de estas personas.

No olvidemos que la decisión de que existan tres sedes judiciales del Tribunal Superior, fue de la Comunidad Autónoma, con la buena voluntad de acercar la justicia al ciudadano independientemente de la provincia en la que se vive; pero contrariamente, esta buena voluntad que se tuvo en su día, si no se buscan mecanismo de rectificación, lleva a una discriminación de un andaluz ante la justicia según su lugar de residencia. Esto ha hecho que en nuestro caso, los trabajadores de nuestro colectivo que han desarrollado su labor en Andalucía Oriental, se hayan visto perjudicados y discriminado por resoluciones judiciales con respecto a algunos de Andalucía occidental y dentro de esta, según la provincia en la que viva y el juzgado que toque. El ritmo con el que se fechan los juicios sea cual sea la causa, que ni la conocemos, ni nos corresponde entrar, ha marcado situaciones diferentes. Si la Junta de Andalucía no quiere tratar la sensación de que está tratando a los andaluces como ciudadanos de primera o de segunda según el lugar en el que viven, ahora tiene una oportunidad extraordinaria de demostrar que para su gobierno todos sus ciudadanos son iguales y se les van a aplicar los mismos derechos y las mismas normas.

Si no es así, ahondará en esa desigualdad producida por un funcionamiento esperpéntico de la justicia, (debido a las actuales leyes de aplicación), y en este caso, conscientemente, sí que tendrá una actuación que provocará dicha desigualdad.

No nos quedemos con el regusto amargo de pensar que el sistema está pensado para que funcione por su propia inercia derivando en los resultados a los que se lleguen, sean cual sean, en vez de convencernos que realmente está hecho para ayudar al ciudadano, que en definitiva es el actor principal de la trama y el responsable indirecto que viene a mostrar si un sistema social es justo o injusto.



Colectivo de trabajadores afectados

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